Luego del estallido social observado en Santiago, gatillado por el aumento de la tarifa en transporte público, ¿seguiremos interviniendo y gestionando el transporte urbano tal como lo hemos hecho hasta aquí? Debemos poner foco en la equidad”, escribía en Twitter Juan Carlos Muñoz, ingeniero en transportes, a comienzos de diciembre.
Y no es una idea nueva. Hace cuatro años que, junto con el ingeniero Lorenzo Cerda, viene procesando una propuesta de gratuidad en el sistema público de transporte. Empezaron a observar que la evasión era extremadamente alta y que en su mayoría eran personas de bajos recursos. “Ellos son los que más lo usan, pero les resulta muy caro. Se les va una parte importante de su presupuesto. Y, además, tiene una connotación social muy fuerte. De hecho, varios estallidos sociales en el mundo han partido por ahí”, sostiene.
La idea de estos ingenieros, especialistas en temas de ciudad y movilidad, apunta a que los buses de superficie no cobren por su servicio. En el caso del metro sería distinto: ahí sí debiera haber un pago, aunque menor al actual, porque si no el sistema subterráneo colapsaría por la cantidad de usuarios.
Su planteamiento apunta a cubrir tres dimensiones: la equidad, la eficiencia y la necesidad de darle sustentabilidad a la ciudad. Es decir, desincentivar el uso del automóvil.
Explica que la eficiencia aumentaría porque, al ser gratuito, el bus se detendría por menos tiempo. “Cuando el bus tiene que parar, debe estar detenido todo el tiempo que la gente se demora en subir. Esa es una pérdida de productividad. Y además está el tema del cobro. Entonces, si el ciclo de espera es más largo, también estás ofreciendo una menor frecuencia y eso implica tener una menor capacidad de transporte en la ciudad”, señala Muñoz, quien es director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).
Como segundo punto, plantea que se podría ahorrar cerca de un 7% por el sistema de cobros: el administrador financiero, los torniquetes, la mantención de las estaciones y los fiscalizadores.
Cuando habla de equidad, habla de darles alivio a los sectores vulnerables. Él lo explica así: “En Santiago las tasas de motorización son muy marcadas por el ingreso. Mucha gente de ingresos muy bajos que tiene que ir al hospital, a veces se devuelve caminando porque no tiene plata. Esa es la realidad. Personas a la que no les alcanza y tienen limitado su movimiento. Lo que propongo es que la movilidad en la ciudad sea un derecho social. Que quienes vivimos aquí les brindamos a todos un transporte público gratuito. Ayudaría a la paz social”, afirma.
¿Cómo se financia? El ingeniero plantea dos alternativas: una es un impuesto al diésel y la otra idea es que cada empleado y cada empleador pongan 12 mil pesos, a fin de financiar la gratuidad.
“El transporte público es un insumo productivo de la ciudad. Si sumamos el aporte de cada uno, tenemos 24 mil pesos que, multiplicadas por los 2 millones de santiaguinos, eso se financia sin problemas”, añade.
Cree que al cambiar el modelo de transporte, lo hará también la forma como nos relacionamos. “En una sociedad tan desigual, este plan podría ser una extraordinaria manera para decirles a los más vulnerables que tienen asegurado el derecho a moverse por la ciudad libremente”, dice Muñoz al contar que este sistema ya existe en Estonia, en Luxemburgo y recientemente lo aplicó la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. “Esta es una idea que va a caer por su propio peso en el tiempo”, remata.
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