El lunes 7 de marzo, en una larga jornada realizada en la casa central de la Universidad de Chile, el transversal consejo de observadores convocado por la presidenta Bachelet para monitorear el proceso constituyente, discutió un tema no planteado hasta ese momento: si la idea de los cabildos es convocar a la mayor cantidad de gente posible, ¿qué pasa con quienes están privados de libertad?
De acuerdo a estadísticas de Gendarmería, en Chile hay 47.843 personas recluidas en sistema cerrado, cifra que incluye a imputados en prisión preventiva –aquéllos que no han recibido sentencia–, a los condenados a penas aflictivas –es decir, a tres años y un día de cárcel o más–, y también a los que están condenados a menos tiempo y que, legalmente, podrían votar. En el gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio de Justicia preparó una propuesta sobre el particular, la que no llegó a enviarse como proyecto de ley.
Sobre este último grupo el consejo analizó, aunque no llegó a resolución, que efectivamente los internos podrían solicitar un cabildo, pero que en ese caso tendría que disponerse de monitores idóneos para supervisar adecuadamente el proceso. ¿Cuál es la Constitución que imaginan los presos de Chile? Eso seguirá en la incógnita, por ahora.