Por: Sofía García-Huidobro y María José Gutiérrez
Ilustración: Ignacio Schiefelbein
A comienzos de marzo, cercanos a las universidades de Laureate comenzaron a intuir que “algo venía”. El 27 de ese mes se enteraron por un reportaje que publicó Ciper de un informe firmado por la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, que acreditaba la existencia del lucro en los tres planteles: Andrés Bello, De Las Américas y Viña del Mar. La publicación detallaba “cómo cada una de ellas está convertida en un instrumento utilizado por Laureate para incrementar su patrimonio, lo que va en directo perjuicio de las casas de estudio”.
Quiroga había recibido el 3 de febrero el resultado de la investigación que comenzó el 5 de octubre de 2016, cuando la entonces ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró en el Parlamento que había constituido un “equipo de tarea” para investigar las tres corporaciones sin fines de lucro ligadas a Laureate. Tras 15 meses de indagación, el informe concluía que los contratos entre las universidades y Laureate habían incrementado el patrimonio del controlador de forma “constante e injustificada” en desmedro de los planteles, cometiendo una “infracción grave de los estatutos de la corporación universitaria”. Según el documento, era motivo suficiente para que el Mineduc interviniese los planteles o incluso los cerrara. Los antecedentes en que basó su investigación habrían sido los mismos que las instituciones habían entregado antes al Ministerio Público –que investigó a las universidades durante cinco años y cerró la causa en octubre de 2017 por falta de pruebas– y al SII, que hizo lo propio durante más de un año y tampoco formuló cargos ni se querelló en contra de ninguna institución. Como conclusión, el informe les solicitaba poner término a los contratos con su controlador...
El 3 de abril, las tres universidades del grupo, UNAB, UDLA y U. de Viña del Mar, fueron notificadas de que existía un informe, sin formulación de cargos, que determinaba que existiría lucro ilegal de parte de Laureate a través de algunos de sus contratos.
“Es muy cuestionable todo lo que se ha filtrado, ya que la forma en que está planteada la resolución tiene una clara intencionalidad de perjudicar a las universidades y a Laureate”, dice Jesús Villate, director ejecutivo del grupo para la Región Andina e Ibérica.
Laureate es una sociedad educacional con fines de lucro, abierta en bolsa. Tiene una red global de 60 instituciones de educación superior en 17 países.
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