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Ripley: Abrir el naipe
El 25 de abril de 2015, Ripley Corp y Eccsa S.A., acogiendo el llamado del SII –en marzo de ese año la entidad citó a los contribuyentes a regular voluntariamente su situación tributaria–, rectificaron varias facturas por un total de 52,2 millones de pesos. De éstos, 15 millones correspondían a pagos a VSA y 5 millones a Vox, ambas ligadas a Laurence Golborne. La orden fue rectificar todo lo que oliera a financiamiento político y que a esa fecha no tenía una clara justificación.
Lázaro Calderón nunca se esperó que las empresas que acogían el llamado del SII pudieran ser luego investigadas, dice un cercano. Y hubo cierta tranquilidad, hasta que declaró Tomás Carrasco, en noviembre pasado.
A partir de su testimonio, el 1 de abril fue citado a declarar como imputado el representante legal de Eccsa y Ripley Corp, Alejandro Fridman, quien usó su derecho a guardar silencio. Dos meses más tarde, fue citado por el SII y, respondiendo a la estrategia que le habría planteado la defensa de la empresa, compuesta por Leonardo Battaglia, Jorge Bofill y Juan Carlos Manríquez, Fridman abrió el naipe: reconoció que en el caso de Vox, sí se prestaron los servicios, y que en VSA se trataba del pago de servicios prestados para campañas políticas.
Familia Mas: Silencio
Es el estudio Philippi el que asesora a la familia Mas, dueña de Inmobiliaria Ecomac Santiago. Los montos rectificados por la empresa ante el SII, “sin mediar requerimiento previo de parte de dicho organismo, sino por iniciativa propia”, según dice la empresa, ascienden a 12.500 millones de pesos, emitidos a la empresa VSA.
“No existen tributos pendientes y se han aportado los antecedentes que nos han sido requeridos tanto por el SII como por el Ministerio Público”, aclara la compañía. Fuentes cercanas a la investigación confirman que ya concurrieron a la fiscalía y decidieron guardar silencio.
Said: La sorpresa
La familia Said Somavía, a través de Inversiones Caburga, hizo eco del llamado del SII para rectificar boletas. En mayo de ese año presentaron un documento en el que incluyeron pagos realizados desde 2009 a 2014, es decir, información que, por plazos, ya estaba prescrita. La idea era quedar sin nada pendiente y cerrar el capítulo a través de esta salida administrativa. Así pensaron que sería, hasta junio de 2015, cuando fueron citados a declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura por boletas vinculadas a la campaña de Eduardo Frei.
Las alertas volvieron a encenderse en octubre, cuando el SII los citó para que entregaran más detalles de las rectificaciones. Pero la sorpresa final vendría en noviembre, cuando se filtró a través de la prensa la declaración de Tomás Carrasco de VSA, sociedad que entregó a Caburga una boleta por 20 millones de pesos.
Desde esa fecha, la empresa está expectante. Hoy trabajan con los abogados Waldo Bown y Carlos Balbontín Meneses. El pasado martes 12 de julio, Salvador Said declaró durante casi una hora ante el fiscal Carlos Gajardo.
La otra rama de la familia Said, los Said Handal, también están dentro de la investigación. A través de Inversiones Santa Virginia, decidieron rectificar el año pasado. Y al igual que Caburga, incluyeron pagos realizados en 2009. Su abogado es Aldo van Weezel de Claro y Cía, y todavía no han sido citados a declarar por la fiscalía.
CAP: A dar la pelea
Una boleta por cinco millones de pesos es lo que involucra a CAP en el caso de las “empresas Carrasco”. La estrategia legal de la acerera es actuar con la verdad: el pago realizado al recaudador de la campaña de Golborne no se pudo respaldar con ningún servicio prestado.
La apuesta de la empresa controlada por Roberto de Andraca, es que el caso se resuelva administrativamente en el SII. Para sustentar esa estrategia, el gerente general de la firma, Fernando Reitich, fue citado a declarar, pero utilizó su derecho a guardar silencio. ¿La razón? Esperar que el SII dicte sanción. “No pueden llevarse dos procesos de forma paralela”, han planteado. Además, al interior de la compañía creen que no puede leerse igual una falta por un monto de cinco millones que la conformación de aparatos para defraudar.
Ante una eventual formalización lo tienen claro: no reconocerán culpa y de todos modos optarían por defenderse en un juicio oral.
Yarur: Reconocer y colaborar
A fines de mayo de 2015, BCI rectificó ante el SII y, en junio del mismo año, pagó los impuestos y multas debidos. Las boletas y facturas corresponden a servicios pagados entre 2008 y 2014, y los montos ligados a Golborne ascienden a 112 millones de pesos: 20 millones de pesos facturados por VSA y 92 millones de pesos a Vox Comunicaciones.
“Cuando Carrasco abre el tema, el mandato de Luis Enrique Yarur fue que el banco contaría la verdad y colaboraría con el Ministerio Público”, señala un cercano al BCI. Hoy sus abogados son Juan Edgardo Goldenberg, experto tributario, junto a los penalistas Cristián Muga y Luis Ortiz.
Yarur ya ha declarado dos veces en la fiscalía: la primera en octubre pasado y la segunda, en enero de este año. Ese mismo mes, voluntariamente, el BCI entregó a los fiscales Guerra y Gajardo la contabilidad, las boletas y explicaciones que se le requirieron. Por lo mismo, hasta ahora, no ha habido incautación.
Quienes conocen la defensa, señalan que en las presidenciales de 2013, Golborne se acercó Yarur a pedirle apoyo. A cambio, ofreció servicios. El empresario, aseguran cercanos, entregó dichas facturas a José Luis Ibaibarriaga, gerente corporativo de Planificación y Control Financiero, y le dijo que habían trabajos ofrecidos. Este último advirtió a Fernando Vallejo, gerente de Contabilidad, que aún había servicios pendientes. No obstante la advertencia, las facturas fueron rebajadas como gastos operacionales. BCI reconoce el error, que fue corregido cuando rectificaron.
Los fiscales ahora deben dilucidar si esa equivocación cabe dentro de la figura penal. Y si el Ministerio Público decide formalizar, en el BCI no dudarán en contraatacar legalmente.
Watts: No rectificó
El pasado 4 de abril, Rodolfo Véliz, gerente general de Watts, aseguró ante la fiscalía que la administración de la empresa encontró una factura de Asesorías VSA, por cinco millones de pesos del año 2013, y determinaron que no correspondía a ningún servicio prestado. El ejecutivo explicó que apenas se enteró de los dichos de Carrasco, dispuso una revisión en la compañía a cargo de la contraloría de la firma, que arrojó que existían el pago y la factura y que no había respaldo para ello.
Cercanos a la empresa cuentan que intentaron rectificar el pago ante el SII a principios de este año, pero ello no fue posible: la empresa tenía juicios tributarios pendientes con la entidad y debía abandonar esas causas para regular su situación. Hoy, la firma ligada a la familia Larraín Cruzat es asesorada por Hugo Rivera y Rodrigo Ávila.
Hurtado Vicuña: El mismo día
Inversiones Longovilo y Paso Nevado, también representadas por los penalistas Rivera y Ávila, tampoco rectificaron. En conjunto es de los grupos que más dinero aportó a la campaña de Golborne: 50 millones de pesos a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Tanto Juan como Pedro Hurtado fueron interrogados por el Ministerio Público. Ambos declararon que quien administró esas empresas en la época que se realizaron los pagos fue Jean Lois de Mussy, quien falleció en agosto de 2013.