Un largo proceso con un alto costo financiero y personal. Así ven en el círculo cercano al ex director de Fonasa, Mikel Uriarte, la resolución del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que condenó al ex director del servicio público a devolver los 54 millones de pesos que recibió a la cabeza de la entidad. Ello debido a que en el mismo período fue concejal de Las Condes.

El ex presidente de TVN es representado judicialmente por Olga Feliú y sus cercanos estiman que con el fallo comienza un largo proceso en la Corte de Apelaciones. Fácilmente, podría durar uno o dos años.

Conocedores del proceso agregaron que Uriarte está confiado en que la decisión preliminar será reversible, pues pese a que la Contraloría advirtió incompatibilidad en el cargo, la demanda que inició Fonasa (en 2015) fue mucho tiempo después de que dejó el cargo.

El argumento de la defensa es que Uriarte siempre informó de ambos cargos en todas sus declaraciones patrimoniales. “Sería muy anecdótico que deba devolver el sueldo, cuando era público siempre que era concejal y director de Fonasa. Además, implicaría que, en rigor, estos dos años que se imputan, el cargo de director de Fonasa no existió”, señaló un conocedor.

Uriarte se desempeña hoy como decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.

El premio nacional de Arquitectura Juan Sabbagh pretende cambiarle la cara a un sitio eriazo en pleno centro de Santiago. En conjunto con un grupo de inversionistas alemanes, tramitan los permisos (de un anteproyecto ya aprobado por la Municipalidad de Santiago) para edificar en Agustinas 720 una torre que contempla la construcción de un hotel bastante particular.

La idea es que, respetando las líneas patrimoniales, se construya el que será un edificio con un gran valor arquitectónico y asociado a la cultura e historia.
Con máximo 50 habitaciones y un restaurante, el plan es recuperar un terreno eriazo al lado de la Sociedad Nacional de Agricultura y a pasos del Teatro Municipal de Santiago. Quienes han visto el proyecto dicen que es un aporte al paisaje de la zona centro y que su foco, más que el lujo –a lo que también se enfoca– será la vanguardia arquitectónica y funcional.

Por ahora, los inversionistas resuelven aspectos de forma de los permisos, que se han demorado por aspectos administrativos que terminaron en la Contraloría, pero sus cercanos aseguran que no es impedimento para seguir avanzando en obtener las autorizaciones finales de edificación y comenzar las obras.

Todos los años, el escritor y ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, lidera en la Universidad Finis Terrae una instancia de debate de los grandes movimientos sociopolíticos de Chile y Latinoamérica. Por la “cátedra Ampuero” han pasado, entre otros, Álvaro Vargas Llosa y el periodista argentino Andrés Openheimer.

El próximo invitado será Carlos Alberto Montaner, escritor y político cubano que actualmente reside en Miami. Enemigo acérrimo de los Castro –fue acusado de ser agente de la CIA–, Montaner fundó el partido político Unión Liberal Cubana. Es autor de 28 libros, columnista y, según la revista Foreign Policy, uno de los 50 periodistas más influyentes de Latinoamérica.

Aún no está definida la temática de la conversación con Ampuero, pero girará en torno a la libertad, la corrupción y los populismos. Lo que sí está claro es la fecha: el martes 23 de agosto.

La XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico fue una instancia para avanzar hacia una mayor integración regional. Pero también la oportunidad para los empresarios de tener reuniones bilaterales con los presidentes de Argentina, Perú y Colombia. Esta última, dicen, “fue la más provechosa de todas”.

La reunión la solicitó al ex canciller Alfredo Moreno el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien pidió juntarse con los principales inversionistas chilenos. Al encuentro asistieron Sandro Solari, Ignacio Cueto, Jorge Errázuriz y Bernardo Larraín Matte.

El presidente Santos contó detalles del proceso de paz con las FARC y sobre su plan de recaudación tributaria ante la caída del precio del petróleo. Los empresarios le preguntaron si va a subir los impuestos y qué pasará con los aranceles. Para incentivar las inversiones en el país cafetero, acordaron una misión empresarial en dos meses más, tras el plebiscito que sostendrán para refrendar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana.

“Un pensamiento para Gran Bretaña”, escribió en su Instagram el chef británico Jamie Oliver el lunes post Brexit por la mañana. El cocinero señalaba que “estoy recorriendo desde hace dos años todo el mundo y estos días acababa mi ruta en la maravillosa isla de Cerdeña, cuando mientras el sol se ocultaba, miré atrás y vi la bandera europea. Para mí, era simbólico y me sentí muy triste. Pero en la vida no se obtiene siempre lo que se quiere”. Y agrega: “Así es que chicos, si votaste dentro o fuera, estamos donde estamos, pero en algún momento todos tenemos que volver a estar juntos y hacer lo mejor en estos cinco años que vienen. Este referéndum produjo la fractura de Europa, dividió a las familias y al país entero. Sin embargo, yo creo en la democracia y GB habló”. En la misma oportunidad, y a pocos días de que el político conservador Boris Johnson desechara su candidatura como primer ministro de Inglaterra, dijo: “Pero te pido una sola cosa Gran Bretaña: si designas a Boris Johnson como primer ministro, me liquidas. Mi fe en nosotros se romperá por siempre. Entonces dejemos de ser espectadores. No podemos dejar que esto ocurra y griten por todos lados #BuggerOffBoris”. Su reflexión ya supera las 300.000 visitas y se han hecho eco de ella los principales medios de comunicación británicos.

Tras la formalización del ex candidato presidencial Laurence Golborne la semana pasada, volvieron a la retina de los fiscales las empresas que a principios de 2015 rectificaron boletas entregadas al ex ministro y sus cercanos.

“No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen, y como dije, fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, señaló el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, en octubre de 2015 en su declaración como imputado ante el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. El empresario –que de esta manera reconoció haber realizado aportes políticos al ex candidato– desde entonces está siendo asesorado por un equipo liderado por Juan Edgardo Goldenberg, como consejero, y por los penalistas Cristián Muga y Luis Ortiz Quiroga, el mismo que estuvo a cargo de la defensa de Salcobrand, propiedad de la familia Yarur, por el caso colusión de farmacias.

Otras de las compañías que rectificaron ante el SII fueron la sociedad Inversiones Caburgua, ligada a la familia Said Somavía, y Ripley, de los hermanos Calderón Volochinsky. Ambos también cuentan con penalistas asesores: Carlos Balbontín; y el grupo conformado por Juan Carlos Manríquez, Jorge Bofill y Leonardo Battaglia, respectivamente.

Costó, pero finalmente el 26º Juzgado Civil de Santiago levantó la suspensión que pesaba sobre el proceso que busca que, con sus bienes personales, Pablo Alcalde, ex gerente general de La Polar, indemnice a quienes se vieron afectados por la emisión de efectos de comercio de la empresa con el respaldo de información falsa.

Leonidas Vial, a través de Inversiones Saint Thomas, presentó una demanda civil contra Alcalde y logró, entre otras medidas, que se congelaran algunos de sus bienes, como propiedades en La Dehesa y Zapallar. Pero el juicio estaba suspendido por la defensa del ex mandamás de La Polar, encabezada por Jorge Bofill, argumentando que restaban apelaciones pendientes de la causa penal que se realizó en su contra y que, mientras eso se resolvía, este otro juicio no podía avanzar.

Con todo, a través de Marcelo Giovanazzi –De Alcaíno Abogados– y después de varios meses de espera, lograron que el 24 de junio se reanudara el proceso civil que busca indemnizar a los afectados. Tras la reciente decisión de la sala, sólo resta que se dicte sentencia en esta causa, en la que además participan otros demandantes como Consorcio y Raimundo Valenzuela. Su resolución podría implicar que Alcalde pague los daños causados con sus bienes personales.

El argumento de los afectados es que Alcalde, a sabiendas de la situación financiera de la empresa, hizo vista gorda de la información fraudulenta que conocía y avaló la emisión de efectos de comercio en el mercado, los que tras estallar el escándalo de la multitienda cayeron estrepitosamente de valor en el mercado, afectando a quienes los habían adquirido, entre ellos Saint Thomas.

Por: Marcelo Muñoz Perdiguero, socio de Salcedo & Cía, Abogados + Auditores Tributarios

A casi dos años de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, algunos hablan de éxito, otros de fracaso; también se habla de la “reforma a la reforma”, o de la “reformita”. El énfasis parece ir dado por lo que cada uno quería obtener. Y ése es uno de sus problemas centrales: que unos querían una cosa y otros, otra.

Hoy, existe mucha incertidumbre, lo que explica en parte el menor crecimiento económico y mayor desempleo. Esto ya es bastante agudo en la construcción, por la inclusión del IVA en los inmuebles, con proyectos paralizados. La implementación es costosa por una larga lista de nuevas declaraciones juradas, formularios, circulares, resoluciones que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha emitido para darles curso a las normas legales.

Por otro lado, el aumento de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) traerá problemas de liquidez a las empresas; sin el financiamiento propio que daba el FUT, deberán endeudarse con bancos e instituciones financieras, elevando no sólo sus propios costos, sino restringiendo el empleo y elevando los precios.

Otro gran tema es qué pasará cuando la gente se entere de que, contrario a lo que creía, verá que su impuesto final ha subido por encima del 35%, debido al sistema semi integrado de las sociedades en que puedan tener inversiones. Esto no es sólo aplicable a los grandes empresarios: tanto pequeños accionistas como pymes verán esto sin comprender. Y la verdad, no podemos culparlos, porque nosotros, que nos dedicamos a esto todos los días, no terminamos de entenderlo del todo.

Peor aún en el caso de los inversionistas de países como Alemania, y otros que no cuentan con tratados tributarios con Chile, quienes podrán quedar afectos a un tercio más de impuestos que sus competidores de España y otros que sí los tienen. Si optan por restructurarse y reconducir sus operaciones a través de uno de esos países –quienes puedan hacerlo– podrán ser objeto de la normativa antielusiva general del Código Tributario.

No debe olvidarse cómo castiga la reforma tributaria al mercado de capitales. Las limitaciones en este sentido a los contribuyentes acogidos a rentas presuntas, la tributación de las rentas pasivas, o la amplísima norma de exceso de endeudamiento, son normas que complican el financiamiento, y lograr desarrollo y empleo.

Mención aparte merece que tengamos tantos regímenes distintos: de renta presunta, de contabilidad simplificada o completa, de flujo de caja, de renta atribuida o semi integrada… Y eso que se han efectuado simplificaciones a la reforma. Quien quiera elegir entre ellos deberá, después de estudiarlas y entenderlas (cosa nada de fácil), explicar muy bien al SII por qué se acogió a ese régimen y no a otro. La normativa antielusiva general del Código Tributario hará más difíciles las cosas. Respecto a esa norma, ya sería compleja sin una consideración muy importante: que el texto parece decir una cosa y lo contrario a la vez; un párrafo parece decir que algo está permitido y el siguiente parece prohibirlo.

Y directores, administradores y asesores de empresas deberán tener especial cuidado; ellos también serán responsables de los tributos eludidos.

Si a todo esto le agregamos los impuestos a los hidrocarburos, al de timbres y estampillas, cambios a la tributación de fondos de inversión, parece que nos acercamos a una verdadera “tormenta perfecta”, donde, cual Titanic, los chalecos salvavidas parecen ser pocos y los botes menos aún. No me gusta ser agorero, pero en el futuro, más que una “reforma a la reforma de la reforma”, quizás se produzca una verdadera “contrarreforma”.

Al igual que Reino Unido, el tradicional estudio fundado en 1923 por don Rafael Figueroa –papá de Juan Agustín Figueroa– vive su propio Brexit. Después de un par de décadas trabajando juntos, los socios principales Gustavo Parraguez y Francisco y Jorge del Río han decidido fundar su propia oficina boutique de litigios civiles, comerciales y vinculados a recursos naturales. Según cuentan, la razón para dividir aguas es para evitar conflictos de interés y lograr una especialización en cada área.

En octubre próximo dejarán las dependencias de Santa Lucía para trasladarse a Apoquindo. Parraguez y los Del Río los acompañarán la abogada Marcela Achurra y Guillermo Malatrassi (quienes serán socios del nuevo estudio) y el equipo actual de litigio.

En el estudio antiguo quedarán los socios Ignacio Figueroa, Rubén Bustillos, Medardo Lagos y sus equipos, que se dedicarán a materias penales y tributarias.
En el año 2008, con el alejamiento de Alberto Coddou, el estudio Figueroa y Coddou experimentó una completa renovación y pasó a llamarse DyP Abogados, estudio de Juan Agustín Figueroa, el cual se ha dedicado principalmente a la litigación y el arbitraje.

Ripley: Abrir el naipe

El 25 de abril de 2015, Ripley Corp y Eccsa S.A., acogiendo el llamado del SII –en marzo de ese año la entidad citó a los contribuyentes a regular voluntariamente su situación tributaria–, rectificaron varias facturas por un total de 52,2 millones de pesos. De éstos, 15 millones correspondían a pagos a VSA y 5 millones a Vox, ambas ligadas a Laurence Golborne. La orden fue rectificar todo lo que oliera a financiamiento político y que a esa fecha no tenía una clara justificación.
Lázaro Calderón nunca se esperó que las empresas que acogían el llamado del SII pudieran ser luego investigadas, dice un cercano. Y hubo cierta tranquilidad, hasta que declaró Tomás Carrasco, en noviembre pasado.

A partir de su testimonio, el 1 de abril fue citado a declarar como imputado el representante legal de Eccsa y Ripley Corp, Alejandro Fridman, quien usó su derecho a guardar silencio. Dos meses más tarde, fue citado por el SII y, respondiendo a la estrategia que le habría planteado la defensa de la empresa, compuesta por Leonardo Battaglia, Jorge Bofill y Juan Carlos Manríquez, Fridman abrió el naipe: reconoció que en el caso de Vox, sí se prestaron los servicios, y que en VSA se trataba del pago de servicios prestados para campañas políticas.

Familia Mas: Silencio

Es el estudio Philippi el que asesora a la familia Mas, dueña de Inmobiliaria Ecomac Santiago. Los montos rectificados por la empresa ante el SII, “sin mediar requerimiento previo de parte de dicho organismo, sino por iniciativa propia”, según dice la empresa, ascienden a 12.500 millones de pesos, emitidos a la empresa VSA.

“No existen tributos pendientes y se han aportado los antecedentes que nos han sido requeridos tanto por el SII como por el Ministerio Público”, aclara la compañía. Fuentes cercanas a la investigación confirman que ya concurrieron a la fiscalía y decidieron guardar silencio.

Said: La sorpresa

La familia Said Somavía, a través de Inversiones Caburga, hizo eco del llamado del SII para rectificar boletas. En mayo de ese año presentaron un documento en el que incluyeron pagos realizados desde 2009 a 2014, es decir, información que, por plazos, ya estaba prescrita. La idea era quedar sin nada pendiente y cerrar el capítulo a través de esta salida administrativa. Así pensaron que sería, hasta junio de 2015, cuando fueron citados a declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura por boletas vinculadas a la campaña de Eduardo Frei.

Las alertas volvieron a encenderse en octubre, cuando el SII los citó para que entregaran más detalles de las rectificaciones. Pero la sorpresa final vendría en noviembre, cuando se filtró a través de la prensa la declaración de Tomás Carrasco de VSA, sociedad que entregó a Caburga una boleta por 20 millones de pesos.

Desde esa fecha, la empresa está expectante. Hoy trabajan con los abogados Waldo Bown y Carlos Balbontín Meneses. El pasado martes 12 de julio, Salvador Said declaró durante casi una hora ante el fiscal Carlos Gajardo.

La otra rama de la familia Said, los Said Handal, también están dentro de la investigación. A través de Inversiones Santa Virginia, decidieron rectificar el año pasado. Y al igual que Caburga, incluyeron pagos realizados en 2009. Su abogado es Aldo van Weezel de Claro y Cía, y todavía no han sido citados a declarar por la fiscalía.

CAP: A dar la pelea

Una boleta por cinco millones de pesos es lo que involucra a CAP en el caso de las “empresas Carrasco”. La estrategia legal de la acerera es actuar con la verdad: el pago realizado al recaudador de la campaña de Golborne no se pudo respaldar con ningún servicio prestado.

La apuesta de la empresa controlada por Roberto de Andraca, es que el caso se resuelva administrativamente en el SII. Para sustentar esa estrategia, el gerente general de la firma, Fernando Reitich, fue citado a declarar, pero utilizó su derecho a guardar silencio. ¿La razón? Esperar que el SII dicte sanción. “No pueden llevarse dos procesos de forma paralela”, han planteado. Además, al interior de la compañía creen que no puede leerse igual una falta por un monto de cinco millones que la conformación de aparatos para defraudar.

Ante una eventual formalización lo tienen claro: no reconocerán culpa y de todos modos optarían por defenderse en un juicio oral.

Yarur: Reconocer y colaborar

A fines de mayo de 2015, BCI rectificó ante el SII y, en junio del mismo año, pagó los impuestos y multas debidos. Las boletas y facturas corresponden a servicios pagados entre 2008 y 2014, y los montos ligados a Golborne ascienden a 112 millones de pesos: 20 millones de pesos facturados por VSA y 92 millones de pesos a Vox Comunicaciones.
“Cuando Carrasco abre el tema, el mandato de Luis Enrique Yarur fue que el banco contaría la verdad y colaboraría con el Ministerio Público”, señala un cercano al BCI. Hoy sus abogados son Juan Edgardo Goldenberg, experto tributario, junto a los penalistas Cristián Muga y Luis Ortiz.

Yarur ya ha declarado dos veces en la fiscalía: la primera en octubre pasado y la segunda, en enero de este año. Ese mismo mes, voluntariamente, el BCI entregó a los fiscales Guerra y Gajardo la contabilidad, las boletas y explicaciones que se le requirieron. Por lo mismo, hasta ahora, no ha habido incautación.

Quienes conocen la defensa, señalan que en las presidenciales de 2013, Golborne se acercó Yarur a pedirle apoyo. A cambio, ofreció servicios. El empresario, aseguran cercanos, entregó dichas facturas a José Luis Ibaibarriaga, gerente corporativo de Planificación y Control Financiero, y le dijo que habían trabajos ofrecidos. Este último advirtió a Fernando Vallejo, gerente de Contabilidad, que aún había servicios pendientes. No obstante la advertencia, las facturas fueron rebajadas como gastos operacionales. BCI reconoce el error, que fue corregido cuando rectificaron.

Los fiscales ahora deben dilucidar si esa equivocación cabe dentro de la figura penal. Y si el Ministerio Público decide formalizar, en el BCI no dudarán en contraatacar legalmente.

Watts: No rectificó

El pasado 4 de abril, Rodolfo Véliz, gerente general de Watts, aseguró ante la fiscalía que la administración de la empresa encontró una factura de Asesorías VSA, por cinco millones de pesos del año 2013, y determinaron que no correspondía a ningún servicio prestado. El ejecutivo explicó que apenas se enteró de los dichos de Carrasco, dispuso una revisión en la compañía a cargo de la contraloría de la firma, que arrojó que existían el pago y la factura y que no había respaldo para ello.

Cercanos a la empresa cuentan que intentaron rectificar el pago ante el SII a principios de este año, pero ello no fue posible: la empresa tenía juicios tributarios pendientes con la entidad y debía abandonar esas causas para regular su situación. Hoy, la firma ligada a la familia Larraín Cruzat es asesorada por Hugo Rivera y Rodrigo Ávila.

Hurtado Vicuña: El mismo día

Inversiones Longovilo y Paso Nevado, también representadas por los penalistas Rivera y Ávila, tampoco rectificaron. En conjunto es de los grupos que más dinero aportó a la campaña de Golborne: 50 millones de pesos a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Tanto Juan como Pedro Hurtado fueron interrogados por el Ministerio Público. Ambos declararon que quien administró esas empresas en la época que se realizaron los pagos fue Jean Lois de Mussy, quien falleció en agosto de 2013.

Durante 2015, la Fuerza Aérea sumó un nuevo avión para viajes cortos y ejecutivos que es utilizado por la Presidencia. Se trata del Gulfstream G-IV, una nave ocupada para enlaces institucionales, traslados VIP y viajes aeromédicos. De hecho, fue recientemente utilizada por el comité ministerial que viajó a Temuco la primera semana de julio.

Lo que pocos saben es que el avión, que llegó a Chile pintado de gris, tuvo antes un uso muy distinto. En él viajaban modelos de la compañía Victoria’s Secret, las mismas que realizan el conocido show de ropa interior. Según conocedores, incluso antes de ser oficialmente comprado para la FACH, la aeronave ostentaba los colores típicos de la marca: rosado, negro y blanco.

De acuerdo a la página especializada globalair.com, un jet de estas características puede costar desde 2,5 millones de dólares. Según los registros, el que adquirió la FACH y que trasladaba angelitos de la compañía americana, se fabricó en 1991.

Lo dejó todo. El pasado 29 de abril, Eliodoro Matte Capdevila presentó su renuncia a todos los directorios del grupo para dedicarse a tiempo completo a un proyecto religioso que inició a fines del 2013 con el hijo de José Piñera, Cristián.

Se llama Latens y su fin es embellecer y ensalzar sagrarios e imágenes de los santos dentro de las iglesias que ellos deciden que requieren de su trabajo. Su iniciativa incluye interiorismo, arquitectura sacra, iluminación y restauración de imágenes y objetos.

Matte Capdevila (36) es arquitecto de la Universidad Finis Terrae con un diplomado en Finanzas de la Universidad Católica de Chile. Estuvo a cargo de Renta Variable en LarrainVial Corredores de Bolsa y fue subgerente de la Mesa de Dinero en BICE Corredores. Sus renuncias a sillones del grupo incluyeron Banco Bice, Industrial El Volcán S.A., Bicecorp y CMPC Papeles.

Hace tres años comenzó a darle vuelta a la idea de crear una fundación religiosa con aquellos fines. Justo en ese tiempo conoció a Cristián Piñera, quien también es arquitecto y con quien comparte las mismas inquietudes religiosas: fue monje benedictino. Junto a ellos trabaja el diseñador de interiores Enrique Concha y el empresario y socio de Consorcio Eduardo Fernández León. Quienes conocen a Matte aseguran que su idea es dedicarles más tiempo a su fundación, a otros proyectos sociales y al family office Inversiones Porto Seguro S.A., del que es vicepresidente ejecutivo.

Pese a que el 24 de marzo el bar The Clinic y sus antiguos franquiciadores, el bar Radicales (dueño del local de Monjitas), cesaron su relación, para los dueños del bar que lleva el mismo nombre del periódico, la separación no se dio en buenos términos. De acuerdo a su versión, el cierre de la sociedad se debió a la “falta de pago de varias facturas y otro por incumplimiento de contrato”. De acuerdo a The Clinic, la franquicia se cesó por “no haber cumplido con los estándares de calidad de los productos y servicios que debía ofrecer al público”.

Ahora, cada bar opera con su propia identidad, pero entre ambas partes persisten juicios para determinar el pago de documentos pendientes. Con todo, el representante de Radicales, Patricio Mora, dijo que fueron notificados de los procedimientos y que esperan que todo se resuelva a través de su abogado, José Luis Trejo.

No sin polémica, el escritor Carlos Tromben logró un éxito de ventas en Chile, con su novela Huáscar, que cuenta la historia del barco peruano, pieza clave de la guerra del Pacífico. Ahora espera repetir la acogida en Perú, donde acaba de presentar el libro a salón lleno en Lima. Esto, tomando en cuenta lo sensible del tema, no deja de ser llamativo, pero no es la única avanzada literaria chilena en el país vecino.

La editorial peruana Estruendo Mudo publicará Selección Chilena, volumen que cuenta con autores como Alejandro Zambra, Álvaro Bisama, Lina Meruane, Pablo Toro, Diego Zúñiga, Iván Monalisa, Juan Pablo Roncone, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Matías Celedón, entre otros. Todos representantes de la narrativa reciente de Chile, una camada que busca lectores en Perú, venciendo las diferencias históricas entre ambas naciones.

En el libro Conversación interrumpida, el economista Sebastián Edwards habla de su vida como activista político, de su difícil interacción con Miguel Kast y José Piñera, y desentraña el conflicto que le generó llegar a Chicago. Ahí también menciona a Rolf Lüders. Dice que fue él quien en 1976 le ofreció trabajo en el Grupo BHC, de Javier Vial, mientras éste era vicepresidente del conglomerado. Fue él también quien le habría dicho que lo habían contactado de Odeplán para decirle que Edwards era un comunista y sugerían que lo despidiera. “‘Mira’, me dijo con seriedad, ‘esto es muy simple. En tu vida privada tú puedes pensar lo que quieras. Si haces tu trabajo bien, vas a seguir trabajando aquí y nosotros te vamos a defender’. Ahí entendí que Lüders era un verdadero liberal y un hombre de palabra”, señala Edwards en su libro.

Sobre ello, el ex ministro de Hacienda cuenta que el profesor de UCLA le anunció, en mayo de este año, que le enviaría su libro y, una vez en sus manos, leyó las partes pertinentes. “No recuerdo para nada los detalles en relación a los episodios en que me involucra, pero sí recuerdo la esencia de los hechos y ella corresponde a la realidad. Si resulta que los detalles también son ciertos, admiro la memoria de Sebastián, pero sospecho que en la descripción de los mismos domina el novelista. Se me ocurre que no es demasiado aventurado especular que algo parecido sucede en el caso de los hechos en que Sebastián involucra a Pepe Piñera”, relata Rolf Lüders.

Los abogados representantes de más de 600 víctimas del grupo Arcano quieren a toda costa recuperar sus bienes y tramitar la extradición de su fundador, Alberto Chang. Para ello, estarían estudiando la posibilidad de contratar abogados en el extranjero –y en especial en Malta, donde permanece Chang desde marzo pasado– para poder acelerar el proceso.

Se trataría de una red internacional de abogados, que opera en todo el mundo. Los contactos ya se iniciaron y los representantes de las víctimas en Chile estarían negociando el costo de la estrategia y cómo se va a financiar.

En junio, la Corte Suprema dio luz verde a la petición de extradición de Chang, quien según estimaciones, debería del orden de 100 millones de dólares.

Cinco días después de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazara decretar el sobreseimiento definitivo de la causa contra el ex administrador de campaña de Sebastián Piñera en 2009, Santiago Valdés, su defensa, liderada por al abogado Rodrigo Zegers, interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución.

El 8 de julio, Zegers había solicitado al juzgado el sobreseimiento definitivo de la acción penal debido a la prescripción de la causa. Esto, porque las ocho facturas que facilitó Valdés de las empresas Vox Populi S.A. e Inversiones La Música Ltda. tienen fecha entre el 1 de julio de 2009 y el 1 de marzo de 2010, por lo que, a la fecha de su formalización, el 1 de octubre de 2015, la acción penal deducida en su contra se habría encontrado prescrita.

Sin embargo, el juez de garantía rechazó la solicitud de Valdés, por estimar que cuando el SII presentó la denuncia, el 3 de abril de 2015, se suspendió el curso de la prescripción, lo que sumado a los días que Valdés estuvo fuera del país entre 2010 y 2015, hacen que la acción penal aún esté vigente. La Corte de Apelaciones deberá ahora examinar la admisibilidad del recurso y revisarlo.

Desde que se supo del acuerdo de los hermanos Calderón Volochinsky con la mexicana Liverpool para que éstos lancen una OPA por Ripley, las hermanas Calderón Kohon vienen analizando el negocio. Para eso, cuentan con la asesoría del banco de inversiones Altis, ligado a Tomás Müller, con quienes trabajaron también en la venta de Johnson’s. Pero, a su vez, cada una de ellas tiene sus abogados que las asesoran en las vetas legales de este acuerdo. Manuel José Vial es el abogado de Débora; Bernando Simián, el de Patricia, y Rodrigo Pérez de Arce, el de Esther.

Cercanos a las Calderón Kohon cuentan que como accionistas dentro de esta operación, han recibido llamados de parte de todos los demás minoritarios, AFP, fondos y family offices, pero que hasta ahora su respuesta es que no dirán nada hasta no tener el análisis completo de las condiciones ofrecidas por Liverpool: las opciones, propuestas y escenarios que puedan abrirse.

Lo que sí está claro es que no están conformes con los 420 pesos por acción ofrecidos y que tienen una disyuntiva: se alegran de la llegada de los mexicanos, pero no quieren salir en las actuales condiciones.

La operación, que ya fue anunciada como hecho esencial, está a la espera de que la Superintendencia de Bancos entregue su aprobación para el cambio de propiedad del banco Ripley. Una vez que se aclare eso, tendrán un plazo de diez días para lanzar la OPA.

Amigos que lo han ido a ver dicen que lo han encontrado mejor. Mantiene dificultades para caminar, pero habla con mayor fluidez y hace ejercicios para cantar con la ayuda de una fonoaudióloga. Jorge González, el ex líder de Los Prisioneros y una de las grandes figuras del rock nacional, se encuentra en una compleja terapia tras haber sufrido un accidente vascular en febrero de 2015.

Pero hay optimismo. Y un nuevo disco en camino. El próximo 28 de julio, el sello Hueso Records –del artista visual Iván Navarro, radicado en Nueva York– lanzará un álbum del autor de Corazones que incluirá tres temas inéditos. Se llama Double Life (2014-2016) y es una recopilación de su trabajo bajo el alias de Leonino, con el que grabó en inglés en un estilo marcado por el pop y el soul.

Además de las tres canciones hasta ahora no publicadas, el CD incluye 10 composiciones de Naked tunes –antes editado solo en vinilo y a través de Spotify–, el EP Mixed Feelings y un track en vivo grabado en un recital en Nueva York. El disco se lanzará en la tienda Needle del Parque Forestal y no se ha confirmado si contará con la presencia del cantante, cuya última aparición fue en el emotivo recital que se hizo a modo de homenaje, en noviembre del año pasado.

La casa de Miria Contreras, más conocida como la “Payita”, donde el ex presidente Allende se reunía con el GAP, fue el lugar elegido. Hasta ahí, la Casona Cañaveral –hoy un centro de eventos–, llegaron más de 200 invitados del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y su mujer Soledad Flanagan a celebrar el aniversario del matrimonio.

Entre ostras y un risotto de pato preparado por el banquetero Juan Pablo Johnson, Pacheco leyó una carta ante su familia y amigos, agradeciéndole a su mujer por estos 40 años juntos, que si bien no han sido fáciles –sobre todo este año, dijo– han sido muy felices. Le agradeció en especial su rol como madre, abuela y compañera, por acompañarlo primero a Brasil y luego a Bélgica, durante su trabajo en International Paper.

Ricardo Lagos Escobar y su hijo Ricardo Lagos Weber, Andrés Zaldívar, los ministros Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, y Bernardo Matte fueron algunos de los invitados. Aunque dicen que el que más miradas atrajo fue el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, casado con Magdalena Matte, prima de Pacheco, con sus pasos de rock and roll en la pista de baile, en una fiesta con orquesta que duró hasta pasadas las 4:30 am.