El derrame de parafina de La Parva que contaminó las aguas del Mapocho y que provocó cortes de agua potable en tres comunas de Santiago el pasado 23 de mayo, tiene varios frentes judiciales.
En el administrativo, el centro de ski de propiedad del empresario Leonidas Vial, enfrenta cargos por parte del Seremi de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente, el SAG y la SEC, que le demandan el pago de una multa máxima de 5.608 millones de pesos. A cargo de su defensa está un equipo de cuatro abogados del estudio Alcaíno, liderado por sus socios Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi.
Alcaíno presentó el viernes pasado una denuncia por estafa en contra de Mario Guerrero, el ingeniero que certificó el cambio de las instalaciones que la empresa realizó en abril, previo a la apertura de la temporada. “Nosotros no habíamos falsificado nada, habíamos contratado gente de la SEC, una empresa certificada con más de 25 años. Ahora, gracias a lo que nos dice la Superintendencia, nos damos cuenta de que hubo una falsificación en los registros de inscripción de las instalaciones de combustibles”, dice.
En paralelo, y hasta el 20 de junio, la compañía deberá presentar toda la argumentación y antecedentes requeridos por los demandantes, para que la Superintendencia resuelva si es que la sanciona o no. A partir de eso, se inicia la etapa de recursos judiciales.
En la arista penal, La Parva enfrenta una querella interpuesta por la Intendencia de Santiago y una denuncia de la Municipalidad de Lo Barnechea por la contaminación del Santuario Natural Yerba Loca. A cargo de su defensa están los abogados Gonzalo y Matías Insunza.